Es la obligación que tenemos los servidores públicos de resguardar la información que se relaciona con una persona que la identifica o hace identificable, así como a utilizarla únicamente para los fines para los que fue solicitada, es decir, aquella que nos dan identidad, describen y precisan como: nombre, edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, trayectoria académica, laboral o profesional, patrimonio, número de seguridad social, CURP, entre otros.

También se incluyen en este apartado los datos más sensibles o delicados, como es el caso de: nuestra forma de pensar, estado de salud, origen étnico y racial, características físicas (ADN, huella digital), ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, preferencias sexuales, entre otros.

En el Poder Judicial del Estado de Chiapas, velamos por el cumplimiento de esta obligación, publicando avisos de privacidad simplificados e integrales respecto de cada uno de los procedimientos que realizamos y en los que tratamos datos personales, así como a través del ejercicio de los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de datos personales).